A buscar gente con ideas y actividades afines
Sobre todo en el ámbito metropolitano, donde todo es más difícil, interesa formularse la pregunta de cómo puede un grupo – movido por inquietudes cívicas más que por intereses políticos – llegar a inter-actuar con organizaciones afines, para darse a conocer y para aprovechar los aportes que ellas están en condiciones de realizar.
Aquí estoy tratando de objetivar la cuestión, en términos de 1) las condiciones a cumplir por nuestra parte y 2) un método de trabajo. No he de llegar muy lejos en este intento, pero me vale el ejercicio.
Hace sentido buscar y poner de manifiesto los elementos constitutivos de una posible relación: personas que ya se conocen; afinidades y compatibilidades; congruencia de objetivos y diversidad de campos; complementariedad y colaboración.
Cada ONG tiende a “capturar” un trozo de la realidad y tiene en consecuencia información fidedigna para compartir. Esto es muy importante, porque un buen espíritu cívico se forma a partir de la verdad de los hechos. Quién quiera hacer su propia tarea de asimilación y difusión debiera ir incorporando los resultados que otros ya han obtenido. (P. ej.: CIPPEC).
El “Foro Republicano”, al cual me siento atraído, tiene hecha su definición de principios, en tanto confía en la formación de conciencia cívica y el logro de amplios consensos para perseverar en una tarea de largo plazo. Su acercamiento a la vida pública comporta la definición de ciertas prioridades, en torno a situaciones identificables en la realidad actual.
En ellas se está trabajando; voy a permitirme enunciarlas a mi manera.
La supremacía de la Constitución. Recojo la observación de Natalio Botana – de cuatro años atrás – respecto del “reto de la democracia”. Lo dijo en una pregunta: “¿ cómo a través de la práctica constitucional podemos cambiar una sociedad para hacerla apta para la vida republicana ?” Los comportamientos contrarios a la Ley Suprema han proliferado desde la reforma de 1994. Estamos pagando caro las consecuencias, pero muchos no quieren darse cuenta de lo que significan los decretos de necesidad y urgencia, la reasignación de partidas del Presupuesto, la falta de una Ley de Co-Participación, etc.
La información pública. “El pueblo quiere saber de qué se trata”. La reticencia y el ocultamiento han sido combatidos con éxito y hay que insistir en el valor democrático del acceso a la información. Además, hay que recuperar la veracidad de las estadísticas oficiales.
La seguridad jurídica. No sé qué es peor: si los cambios en leyes y decretos, o la inoperancia de ciertas normas, o la falta de recursos judiciales disponibles para hacer valer los derechos. La rehabilitación de la Justicia exige cubrir vacantes mediante el nombramiento de jueces y funcionarios, la dotación de infraestructura y la modernización de los códigos de procedimientos.
La educación primaria. Asegurarla es obligación de cada Provincia, según el Art. 5º de la Constitución, y desde 1860 en adelante fue un objetivo indiscutido a pesar de turbulencias políticas. Los últimos datos sobre la remuneración de los maestros producen asombro e indignación. La dignificación de la función docente es un deber moral de la sociedad.
Salud pública y protección del ambiente. Junto con el anterior, este tema define las características de la sociedad argentina en el 2030. Si se adopta una perspectiva de largo plazo, es forzoso ocuparse de proyecciones basadas en el estado actual de la población bajo ambos rubros.
Hasta aquí he llegado con este incipiente “working paper”. Agradeceré algún comentario que me induzca a retrabajarlo
Jorge R. Hayus
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