Pero en la región electoral más influyente del país nadie se sonroja. Dispuestos a aprovechar otra oportunidad, los ex barones de Eduardo Duhalde, transformados en furiosos kirchneristas, buscarán, una vez más, la reelección. A ellos, además, se sumarán los nuevos aliados del Gobierno con peso distrital, capitaneados por radicales K y partidos vecinales conversos. Nadie cederá poder.
Los números apabullan: de 30 intendentes, a sólo dos meses del cierre de listas, 29 avanzan con ansias de un nuevo mandato.
La solitaria excepción aparece en Tigre. Sucede que el hombre fuerte del distrito, Ricardo Ubieto -intendente 20 años seguidos- murió en noviembre pasado. En su lugar, un hombre que fue de su confianza buscará retener el poder del vecinalismo: Ernesto Casaretto, secretario de Gobierno.
Pero el grueso de las miradas se posan en el peronismo tradicional, ahora kirchnerista, dueño de la mayoría de los distritos. "Todos nuestros intendentes mantienen sus aspiraciones intactas y trabajan para continuar", admitió a LA NACION el apoderado del PJ bonaerense, Jorge Landau.
Las aspiraciones no parecen sólo expresión de deseos. En una región que concentra casi el 70 por ciento de los electores provinciales, cada cacique asegura poder y dominio. Y los intendentes saben que el kirchnerismo necesita acumular votos del conurbano para no comprometer su triunfo.
En algunos lugares, incluso, se descuentan acuerdos explícitos. Dos ejemplos: Julio Pereyra, en Florencio Varela, y Alberto Descalzo, en Ituzaingó. Los dos fueron los primeros hombres fuertes en abandonar las filas duhaldistas y apoyar al Gobierno. Los dos recibirán su premio.
Ambos no son precisamente hombres de la renovación: Pereyra es intendente hace 14 años; Descalzo, hace 12. Juntos serán los hombres de Cristina Kirchner en sus distritos.
Pero los acuerdos no son tan sencillos en cada distrito. Plagados de radicales K, ex duhaldistas poderosos y kirchneristas "de la primera hora", cada uno aspira a competir; nadie quiere acompañar.
Unificadas las listas de diputados y senadores provinciales, el PJ y la Casa Rosada planean una solución para la disputa: habilitar boletas locales paralelas en cada distrito "difícil". Una suerte de interna encubierta entre los candidatos municipales que apoyen a Cristina Kirchner y al postulante bonaerense, Daniel Scioli. La idea garantiza una salida a la mayor preocupación: fortalecer electoralmente al Gobierno. "En los distritos, si quieren que se maten", confesó una alta fuente del peronismo provincial. Lo importante, para ellos, es "sumar arriba". Abajo, no importarán fidelidades, partidos o antecedentes. Aunque podría haber leves cambios o la retirada inesperada de algún cacique en el "momento crítico" -antes del cierre de listas, el 8 de septiembre próximo- la decisión allana el camino a la reelección para todos los intendentes históricos.
De enemigos a aliados
Denostados durante la última campaña, en 2005 [en la que sólo se eligieron legisladores], ahora los jefes comunales pueden transformarse en aliados valiosos.
Con ese objetivo, el veterano Manuel Quindimil, a los 84 años, irá por su octava reelección en Lanús. Un peronista histórico que, esta vez, afronta una interna con dos kirchneristas, el diputado provincial Darío Díaz Pérez -vinculado con el senador José Pampuro- y el diputado nacional y secretario de la CTA, Edgardo Depetri.
Juan José Mussi, intendente de Berazategui, también quiere una nueva oportunidad. Intendente durante 20 años, en 2005 asumió públicamente la campaña más dura contra la entonces candidata a senadora, Cristina Kirchner. En octubre, de su mano, intentará ser otra vez jefe comunal.
Los ejemplos se repiten en otra veintena de distritos. Ningún hombre del poder desalentará a eventuales aliados que salgan al ruedo. No ocurrió en Avellaneda ni en Quilmes. Tampoco pasará en Lomas de Zamora o en La Matanza, dos distritos donde un nutrido grupo de oficialistas lucha por quedarse con el poder. En distritos radicales K también hay históricos que van por más. El ejemplo modelo es el de Enrique García, en Vicente López: en 2007 cumple 20 años consecutivos en la intendencia. El también acompañará, en su campaña, el otro latiguillo K, "profundizar los cambios". Una frase que, en el conurbano, podría sonar a sarcasmo.-
Nota complementaria
Guerra kirchnerista por retener el poder
Hay distritos con hasta cinco postulantes
En el conurbano nadie espera que la Casa Rosada reparta bendiciones públicas. En medio de encarnizadas luchas internas, las vertientes oficialistas ya piensan en disputar el poder en las intendencias mano a mano, sin intermediarios, con o sin respaldo del presidente Néstor Kirchner.
La certeza tiene correlato político. En cada distrito importante, sólo dos meses antes del cierre de listas, hoy conviven al menos cuatro candidatos que pugnan con saña por representar al Frente para la Victoria (FPV). Ya sean ex duhaldistas, radicales K o kirchneristas "de la primera hora", ninguno evalúa retirar su candidatura. Mucho menos, sellar alianzas.
Los une sólo saber que Kirchner necesita acumular votos del conurbano para no comprometer su hegemonía y, con esa tesis, insisten en que "no habrá obstáculos" a ninguna postulación, siempre y cuando estén alineadas, a nivel nacional y provincial, con las candidaturas de Cristina Kirchner y Daniel Scioli.
El tablero político, no obstante, difiere según los casos. Varios intendentes de origen duhaldista -hoy devenidos kirchneristas y con fuerte peso territorial- aseguran que sólo ellos recibirán el respaldo oficial.
Un respaldo explícito a algunos de esos caciques peronistas podría provocar fracturas con los kirchneristas que pretenden despeñarlos. De hecho, referentes del FPV ya imaginan formas de contrarrestar acuerdos.
Sólo un ejemplo: en un populoso distrito del conurbano, dirigentes del Frente para la Victoria ya crearon, en secreto, un partido vecinal. "Si arreglan arriba, nosotros vamos por afuera", aseguró una fuente del partido a LA NACION. Seguros en la disputa de poder, poco les importa que la Casa Rosada promueva otra orden.
En la justicia electoral está inscripto un centenar de partidos vecinales. No se sabe aún cuántos podrían ser sellos electorales para posibles "heridos" de la pelea interna, pero nadie descarta utilizarlos, al menos como arma de negociación. La mayoría especula con que la Casa Rosada aceptará más de un candidato en "distritos difíciles", pero ninguno quiere adelantar estrategias.
Multiplicados.
En distritos como San Martín, La Plata, Lomas de Zamora o Esteban Echeverría las contiendas ni siquiera permiten imaginar una escena de diálogo. "En esos casos va a ser difícil alcanzar acuerdos concretos", admitió a LA NACION una alta fuente del peronismo provincial.
Lomas de Zamora es un modelo de disputa. El intendente, Jorge Rossi (PJ), soporta la presión de varios aspirantes a sucederlo, todos con fuertes contactos con el poder. Entre ellos, del jefe de bloque de diputados bonaerenses del FPV, Fernando Navarro; el subsecretario de Medios nacional, Gabriel Mariotto, y hasta el duhaldista Osvaldo Mércuri. "La pelea es muy fuerte. No me voy a bajar", repite Mércuri en público.
"Con semejante tráfico de influencias, ¿quién se anima a exigir que alguien se baje?", ironizó un dirigente bonaerense cercano a la interna.
Otro modelo de disputa es La Matanza. Distrito codiciado -con más de 800.000 electores- tiene cinco candidatos oficialistas en carrera, todos con fuertes contactos con el poder. El intendente (Fernando Espinoza), un sindicalista (Julio Ledesma), un empresario de la carne (Alberto Samid) y dos piqueteros (Luis D Elía y Jorge Ceballos).
En Esteban Echeverría, hay tres postulantes oficialistas que pretenden desplazar al intendente, Alberto Groppi. En Avellaneda, son otros tres kirchneristas que pretenden lo mismo con Baldomero Alvarez Olivera. Repetidos por decenas, cada distrito profundiza peleas, que nadie sabe bien cómo ni dónde terminarán.-
2) La provincia
SE la menciona habitualmente en singular, sin aditamento, como si en el país no hubiese otras provincias. Para algunos, Buenos Aires –la bonaerense y no la porteña– es la provincia por antonomasia; para otros, el distrito es un leviatán demográfico que, en el curso del último medio siglo, ha engullido el 38,13% de la población total (datos del censo de 2001). A no dudarlo, un desequilibrio de semejante magnitud tiene efectos contundentes sobre el régimen político que nos gobierna.
Los tiene por varios motivos que convergen sobre el acto electoral del 28 de octubre próximo. En primer lugar –dato imprescindible para entender la estrategia del Gobierno– porque los comicios bonaerenses habrán de coincidir con las elecciones nacionales. En un mismo día un total de 9.716.157 ciudadanos habilitados para votar tendrán que elegir presidente, gobernador, intendentes, legisladores nacionales y provinciales, y concejales municipales. Un compacto enorme reproducido en una lista sábana que, según las tendencias internas en secciones electorales y municipios, podrá fraccionarse cortando la respectiva boleta.
Los arrastres factibles, impulsados por diferentes opciones, son complejos: pueden ir desde el (o la) candidato (a) a presidente hacia el candidato a gobernador y viceversa; o desde los diferentes candidatos a intendente y de listas de legisladores que compiten dentro de un mismo paraguas. Para entender este laberinto, bastó con observar en las transmisiones por televisión de la Copa América las propagandas en la base de la pantalla de los candidatos a intendente por el Frente para la Victoria. Un desfile de rostros con lenguaje cacofónico: Kirchner (de inmediato Cristina) presidente, xxx… intendente.
Este montaje obedece al juego de las ambiciones, y asimismo a la circunstancia de que sólo una vez, contando desde 1983, un partido no peronista –la Unión Cívica Radical– ascendió al gobierno de Buenos Aires. La experiencia de 1983-1987 no se repitió más, con lo que la dominación del justicialismo en el distrito está a punto de cumplir veinte años. Se ha establecido así una tradición electoral difícil de doblegar.
Para sobrevivir, esta tradición se afinca en la estructura de las intendencias. Este es un dispositivo crucial, pues en aquellas el poder se reproduce por medio de hegemonías por ahora inalterables. La intendencia conforma entonces el suelo de la dominación hegemónica. Es dable advertirla en algunos puntos de la provincia, pero donde más resaltan estas situaciones hegemónicas es en el conglomerado urbano del Gran Buenos Aires: 8.684.137 habitantes; seis millones de electores; 29 de los 30 jefes comunales en busca de su reelección.
Con estas cifras en la mano se comprende la magnitud del poder electoral bonaerense. Son tan enormes las diferencias que una sola intendencia del Gran Buenos Aires puede contener en su seno al electorado de varias de nuestras provincias. Estos indicadores podrían transmitir, a primera vista, la realidad de una política cambiante y en ebullición, pero el territorio bonaerense, y en particular el del Gran Buenos Aires, está regido por un régimen mucho más conservador: gobernadores dominantes que extraen su poder tanto de la protección que reciben del Poder Ejecutivo nacional como del apoyo que, con sus más y sus menos, le prestan los intendentes. Entre estas dos vertientes de poder el gobernador tiene que hacer su faena.
No es un trabajo fácil. Si bien el candidato a suceder a Felipe Solá, Daniel Scioli (siempre –se entiende– que se resuelva favorablemente la cuestión de su residencia), cuenta, según encuestas preliminares, con una mayoría ubicada en torno del 50%, los pronósticos no auguran un clima benigno. En rigor, mientras no se resuelva una contradicción que expondremos de inmediato, la atmósfera de la provincia siempre estará atravesada por ráfagas de borrasca.
Por la reforma constitucional de 1994, que instauró la elección directa del presidente, la ciudadanía bonaerense se ha convertido en el máximo elector. De donde resulta que, quien tenga en sus manos el poder electoral de Buenos Aires, estará muy cerca de controlar el poder electoral del país. Es curioso comprobar cómo las provincias chicas y medianas, sobrerepresentadas en el antiguo colegio electoral, entregaron en un santiamén, en la reforma de 1994, ese recurso para ellas vital.
Sin embargo, no todo está dicho, porque ese poder electoral, posible productor de las mayorías nacionales, descansa sobre una evidente debilidad fiscal. Los votos provenientes de la provincia de Buenos Aires son abrumadores; sus recursos fiscales, en cambio, siempre flaquean o son insuficientes. Subrepresentada en el reparto de impuestos de la coparticipación federal, la provincia es como un gigante con una frágil columna vertebral. Tierra del Fuego recibe $ 2665 por habitante en concepto de coparticipación federal, Santa Cruz, $1819; Buenos Aires, tan sólo $ 368.
He aquí expuesta la contradicción de marras que se acrecienta en el escenario de unas poblaciones urbanas escindidas entre ricos y pobres. Debido al número de compatriotas involucrado, el Gran Buenos Aires es el testimonio más dramático de estos contrastes: el brillo del lujo y la oscuridad de la exclusión; y todo ello en un espacio urbano pequeño, reconcentrado y atravesado por la inseguridad.
Estos temas deberían estar a la orden del día en una agenda con algún apetito por el porvenir, pero en la campaña electoral en curso parece ser más importante capturar cuanto antes el poder electoral que poner de relieve las cuestiones atinentes al poder institucional y fiscal de la provincia de Buenos Aires.
Este estancamiento, dolorosamente inscripto en la actualidad, viene de lejos, como resultado de un conservadurismo tenaz que no contempló la posibilidad de modificar el diseño de ese magno distrito. Únicamente en los años ochenta del siglo XIX, la provincia de Buenos Aires cedió parte de su geografía en beneficio de la Capital Federal y de los territorios nacionales, que se extendieron hacia el sur y hacia el oeste de sus fronteras.
Después de esos acontecimientos, nada o muy poca cosa: en una larga centuria, la provincia se fue colmando sin plan ni política de descentralización. Los efectos de esta inercia se condensaron en la aglomeración del Gran Buenos Aires, la cual, si bien no alcanza los niveles extremos de poblamiento de San Pablo o de la Ciudad de México, configura el mayor problema político, en términos urbanos, del país.
¿Cómo gobernar, en efecto, esas contradicciones y contrastes? Y por lo demás, ¿no habrá llegado acaso la hora de pensar, con vistas al Bicentenario, una división posible de ese gigante demográfico y electoral?
Cuesta imaginar que estos debates lleguen a la palestra pública. Por el momento, las apuestas se cifran en encuestas, apoyos de intendentes, transferencias extraordinarias de recursos. No mucho más. La mesa mejor servida para calcular los resultados posibles de un candidato justicialista con imagen centrista acodado a un candidato a vicegobernador, comisario del Poder Ejecutivo nacional. Todo para que, luego de anunciar pomposamente un cambio, muy poco, a la postre, llegue efectivamente a cambiar.-
